Resumen: Con análisis de la Jurisprudencia aplicable, se desestima la queja del condenado en la instancia por la construcción de vivienda en suelo no urbanizable excediendo con mucho de la caseta de aperos para la que se había concedido la licencia por la falta de apariencia de imparcialidad del juez a quo, que funda en la denegación de preguntas formuladas por el letrado de la defensa y el trato desigual dado a las partes. Se desestima también la queja de vulneración de su derecho a la inviolabilidad del domicilio, considerándose acreditado el consentimiento y colaboración dados por el acusado a la actuación de los agentes. Se desestima la queja el recurrente de que la zona construida es un paraje ya de por sí degradado desde el punto de vista urbanístico, con una urbanización irregular consolidada, analizando las diferencias entre la ilegalidad administrativa y la penal y el bien jurídico protegido, señalándose que no existe ningún derecho a la igualdad en la ilegalidad ni ningún derecho a la igualdad contra la ley. Se desestima también la queja por la no apreciación de error de prohibición, que no cabría apreciar a la vista de los trámites administrativos y urbanísticos en los que fue parte el recurrente. Se admite parcialmente el motivo en el que se interesa que la demolición total de lo construido se limite a las construcciones no amparadas en la licencia urbanística obtenida por el recurrente.
Resumen: Los condenados formulan recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ratificó la condena, entre otros, por un delito contra la salud pública en concurso ideal con un delito de robo con violencia en casa habitada y un delito de usurpación de funciones públicas. Ámbito del recurso de casación tras la reforma de la Ley 41/2015. No puede consistir en una simple reiteración del contenido de la impugnación realizada en el recurso de apelación. El recurso ha de abrir un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Presunción de inocencia. Doctrina de la Sala. Delito contra la salud pública. Solo cabe apreciar la tentativa en casos excepcionales. Concurso ideal. Para que proceda la estimación del concurso ideal no basta la preordenación psíquica, o sea que la necesidad ha de ser contemplada en el aspecto subjetivo o atendiendo al proceso psicológico o intencional del agente para llegar a conseguir el fin o resultado que se había propuesto, sino en el aspecto objetivo y real. Usurpación de funciones públicas. Insuficiencia del relato histórico para mantener la condena por este delito dado que el factum no describe que el recurrente pudiera saber si iban a hacer uso indebidamente de la documentación de la que se valieron los otros tres acusados para hacerse pasar por funcionarios policiales. Tenencia ilícita de armas. Elementos del delito.
Resumen: Delito de cohecho de los artículos 425 y 426 del Código Penal. La personación de la acusación particular se ha de realizar antes del inicio del trámite de calificación. El artículo 109 bis no tiene por objeto limitar los titulares de la acción penal, sino regular los derechos de las víctimas y de otros perjudicados por los delitos cometidos contra éstas. De hecho, como dispone el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley." Distinto es quién está legitimado para constituirse como parte acusadora en el procedimiento. El derecho de defensa y la indefensión material.
Resumen: Condena a un acusado como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública y a otro acusado como cooperador necesario de ese mismo delito, y absuelve a otros y a varias personas jurídicas acusadas también de un delito contra la Hacienda Pública. Acusados que en operaciones cruzadas de venta y adquisición de diversas fincas hacen constar el abono de cantidades en concepto de IVA devengado, no abonado realmente, que se incluye después como IVA soportado en la declaración del impuesto. Derecho a la prueba en juicio. La solicitud de prueba que esté en poder de terceros no es una prueba que se halle prevista en el trámite previo al juicio oral. Llamamiento al proceso, imputación y acusación de personas jurídicas. Delito contra la Hacienda Pública. Estructura elemental del tipo penal. Modalidad agravada por el valor del fraude. Conductas simuladas sin ningún sentido económico distinto a la elusión de las obligaciones fiscales. Se realizan diversas operaciones sin efectiva transmisión de bienes, sin pago de cantidad alguna, sin comunicación a los titulares de derechos hipotecarios sobre los bienes, sin inscripción en el Registro de la Propiedad y utilizando empresas que no se hallaban al día en la realización ni inscripción de las operaciones que deben ser publicadas en el Registro Mercantil, y, desde luego, sin intención alguna de cumplir las obligaciones fiscales. Se descarta que se trate de economía de opción sino de una actuación que sólo se justifica por el fraude.
Resumen: La testifical de la víctima puede ser prueba suficiente para condenar. Pero es exigible una motivación fáctica reforzada que muestre la ausencia de fisuras de fuste en la credibilidad del testimonio. En ese marco de referencia encaja bien el triple test que se establece por la jurisprudencia para valorar la fiabilidad del testigo víctima -persistencia en sus manifestaciones, elementos corroboradores, ausencia de motivos de incredibilidad diferentes a la propia acción delictiva-. La actual configuración de la atenuante de reparación del daño se ha objetivado, sin exigir que se evidencie reconocimiento de culpa, aflicción o arrepentimiento. Se trata de una atenuante ex post facto, cuyo fundamento no deriva en una menor culpabilidad del autor, sino de razones de política criminal orientadas a dar protección a la víctima y favorecer para ello la reparación privada posterior a la realización del delito. Como consecuencia de este carácter objetivo su apreciación exige únicamente la concurrencia de dos elementos, uno cronológico y otro sustancial. En cuanto al elemento cronológico se aprecia la circunstancia siempre que los efectos que en el precepto se prevén se hagan efectivos en cualquier momento del procedimiento, con el tope de la fecha de celebración del juicio. El elemento sustancial consiste en la reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus efectos.
Resumen: El Principio de presunción de inocencia implica que toda persoan acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley. El control que corresponde efectuar al Tribunal de apelación se orienta a verificar la validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva valoración del material probatorio, sustituyendo la realizada por el Tribunal de instancia por otra efectuada por un Tribunal que no ha presenciado la prueba, por eso,salvo que se aprecie la existencia de un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el Tribunal que ha presenciado directamente su práctica. La presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial pueda formarse sobre la base de una prueba de carácter indiciario, siendo preciso: Que los indicios estén plenamente acreditados; que sean plurales, o excepcionalmente uno pero de una singular potencia acreditativa; que sean concomitantes al hecho que se trata de probar, y que estén interrelacionados. La acusada recibió en una cuenta de su titularidad el dinero y de forma inmediata se procedió a su extracción, lo que que permite sostener su participacion a título de cooperador necesaria. Se rebaja la pena al mínimo ante la ausencia de motivació,n dada la cuantía del fracude y la ausencia de cualquier tipo de antecedente en la acusada.
Resumen: El motivo por quebrantamiento de forma del artículo 851.3 CP exige que la omisión se refiera a temas jurídicos suscitados por las partes oportunamente; que la resolución dictada haya dejado de pronunciarse sobre concretos problemas de Derecho debatidos legal y oportunamente y que, aún existiendo el vicio, éste no pueda ser subsanado por la casación a través de otros planteamientos. El delito de prevaricación administrativa del artículo 404 CP tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su actuación: 1º) el servicio prioritario de los intereses generales; 2º) el sometimiento a la Ley y al Derecho y 3º) la absoluta objetividad e imparcialidad en el cumplimiento de esos fines conforme al artículo 108 CE. En el delito de prevaricación, el elemento subjetivo es determinante para diferenciar la mera ilegalidad administrativa, por grave que resulte, del comportamiento sancionado penalmente. Dictar, u omitir, la resolución arbitraria no determina, por sí mismo, la comisión del delito de prevaricación, si no se constata la concurrencia del elemento subjetivo de la prevaricación, es decir, la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido. También cabe la comisión por omisión en aquellas ocasiones en que el funcionario tuviera la obligación de dictar una resolución.
Resumen: Las manifestaciones de los acusados, reconociendo los hechos y admitiendo su participación, no sin cautelas, son ponderables dentro del acervo probatorio. En cuanto manifestaciones de coacusados, las cautelas en su ponderación, dada la finalidad retribuida del reconocimiento, siempre deben estar presente; y es patente que por sí solas serían insuficientes para condenar a lo coacusados que no se conformaron. Si el oficio policial indica que han observado que varias personas se acercaban a otra breves momentos e intercambiaban algo, no es necesario antes de decidir sobre la autorización solicitada ni tomar declaración bajo juramento a los testigos, ni a los que contactaban, ni a los agentes que hicieron las vigilancias. La veracidad y solidez del indicio no puede confundirse con su comprobación judicial. No hay razones para desconfiar por sistema de esos datos policiales La aplicación del principio non bis in idem en el ámbito del derecho penal internacional, fuera del ámbito europeo, como es el caso -aludiendo el recurrente a una sentencia de Marruecos, solo encuentra sustento en normas convencionales: el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la legislación penal de los tribunales penales internacionales y los tratados multilaterales relativos a la cooperación judicial en materia penal. La drogadicción no puede apreciarse ni siquiera como atenuante, cuando la actividad delictiva pretende un lucro que excede notoriamente de la financiación inmediata del consumo.
Resumen: El condenado impugna la sentencia que le impone cinco meses de prisión por conducir sin permiso de conducir. Su defensa argumenta que esta pena es desproporcionada, ya que la ley establece opciones a la prisión, como multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y en este caso, la seguridad vial no se puso en peligro. Por lo tanto, solicita que se sustituya la pena de prisión por una multa. Además, también se recurre el decomiso de su vehículo por falta de proporcionalidad. El Tribunal ad quem desestima el recurso en cuanto a la pena de prisión, al considerar que es apropiada y está justificada por la contumacia del acusado, quien había sido condenado por el mismo delito en cinco ocasiones anteriores y una vez más por hechos posteriores. Las condenas previas, que no incluyeron la prisión, no tuvieron un efecto disuasorio. El Juez a quo individualizó la pena basándose en la gravedad de los hechos y las circunstancias personales del acusado, específicamente su tendencia a repetir la conducta delictiva. Esta decisión no se considera arbitraria ni incorrecta. Sin embargo, el Tribunal ad quem deja sin efecto el decomiso del vehículo. Aunque el comiso es una consecuencia accesoria de la condena, el artículo 128 del Código Penal exige que sea proporcional a la gravedad de la infracción. En este caso, el decomiso se basó únicamente en la reincidencia del acusado, sin considerar si el vehículo era peligroso o si la conducta delictiva creó un peligro concreto para la seguridad del tráfico. El Tribunal ad quen concluye que, dado que el acusado fue detenido en un control rutinario sin que se le detectara una conducción anormal, la confiscación del vehículo no está justificada y, por lo tanto, se deja sin efecto.
Resumen: El delito de maltrato habitual supone la ejecución de actos de violencia física o psíquica perpetrados de forma asidua sobre sujetos comprendidos en el ámbito familiar o cuasifamiliar, con los que se convive o concurre una vinculación personal persistente. Actos que, desde una perspectiva de conjunto, generan una situación de dominio o de poder sobre la víctima que menoscaba su dignidad. Para ello no es exigible una exacta y detallada concreción de hechos, si ello concurre estos hechos se penarán separadamente. Declaración de la víctima como prueba de cargo, esencial en determinados delitos por el componente personalista que presentan y los espacios de intimidad en que se suelen perpetrar. Valoración de los testigos de referencia para corroborar ese testimonio. Trastorno límite de la personalidad como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Atenuante de dilaciones indebidas. Plazo razonable. La cláusula de exención de responsabilidad penal en delitos de violencia sexual precisa de dos exigencias, de un lado, que se acredite en el menor una madurez o grado de desarrollo que se ajuste al voluntario consentimiento de su sexualidad en el modo en que se desarrolló en los hechos sujetos a enjuiciamiento, y de otro, que el adulto interviniente presente una edad y un grado de madurez próximos a su pareja sexual.
